El día 23 de noviembre de 2015 se promulgó la Ley 30364, conocida como la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta legislación se enfocó en abordar la brecha de desigualdad de género que afecta a mujeres de todas las edades, desde niñas hasta adultas mayores, tanto en el ámbito público como en el privado.

El propósito fundamental de esta ley fue combatir la violencia de género, proporcionando medidas tanto preventivas como punitivas, buscando así, crear un marco legal que ofreciera herramientas específicas para sancionar y eliminar la violencia intrafamiliar, extendiendo su alcance más allá de la mujer para incluir a todos los miembros del grupo familiar. Se puede destacar que se reconoció la vulnerabilidad de ciertos individuos dentro de este grupo, considerando factores como discapacidad, edad, género o situación física.

En términos prácticos, la ley no solo se limitó a condenar los actos de violencia de género, sino que también estableció mecanismos para prevenirlos. Asimismo, proporcionó los instrumentos necesarios para castigar a aquellas personas que cometen violencia intrafamiliar, fomentando así un cambio cultural y social hacia la erradicación de este tipo de comportamientos.

La mencionada Ley representó un paso significativo en la lucha contra la violencia de género y la violencia intrafamiliar en la sociedad. Su enfoque integral no solo buscó sancionar los actos violentos, sino también prevenirlos, abordando la desigualdad de género y protegiendo a los miembros más vulnerables del grupo familiar.

Entre los aspectos más importantes y significativos de la Ley 30364 se encuentra la identificación de los tipos de violencia susceptibles de denuncia, así como en la especificación de quiénes tienen la capacidad para denunciar y los lugares habilitados para llevar a cabo dichas denuncias.

Otro de los aspectos importantes fue las medidas de protección que pueden ser adoptadas en apoyo de las mujeres o de los miembros del grupo familiar que experimentan violencia. Además, la ley detalla los mecanismos y condiciones bajo los cuales las autoridades pueden aplicar dichas medidas.

El 22 de marzo de 2023, se dio a conocer la Ley 31715, la cual introduce cambios en varios artículos de la Ley 30364. El artículo 15, por ejemplo, determina que la capacidad para denunciar recae tanto en la víctima como en cualquier persona actuando en su representación. La novedad introducida en este artículo es un requisito adicional que exige que el denunciante se identifique ante la autoridad receptora, aunque se mantiene la posibilidad de preservar su identidad en situaciones establecidas por la ley o por causas justificadas.

Se tiene también al artículo 16, que regula el procedimiento especial de la legislación destinada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar, estipula la necesidad inicial de evaluar el riesgo en un caso. Originalmente, si el riesgo era leve o moderado, el juzgado de familia podía dictar las medidas correspondientes en un plazo de 48 horas, mientras que, en el caso de riesgo severo, el plazo se reducía a 24 horas. Con la modificación, independientemente del nivel de riesgo (leve, moderado o severo), el juzgado de familia ahora tiene un plazo de 24 horas para evaluar y resolver el caso, pudiendo omitir la audiencia en casos de riesgo severo. En situaciones donde no se pueda determinar el riesgo, el plazo para evaluar y resolver el caso en audiencia se mantiene en 48 horas. Además, la norma establece que las medidas de protección deben implementarse de inmediato, sin importar el nivel de riesgo identificado.

Por su parte el artículo 22, presenta nuevas disposiciones para garantizar la seguridad al expulsar al agresor del domicilio y al prevenir su aproximación a la víctima afectada. Agregándose así, la prohibición de que el supuesto agresor realice acciones como disponer, enajenar, destruir, trasladar, ocultar o transferir los bienes comunes de la sociedad conyugal o del conviviente.

En relación con el artículo 23-A, se impone una nueva obligación para los policías que habiten en la misma zona que una víctima de violencia y estén sujetos a medidas de protección. Ahora, se requiere que tengan a disposición sus nombres y ubicación, con el fin de agilizar y facilitar la respuesta ante posibles emergencias.

Finalmente, en relación con el artículo 45, se introducen cambios en el inciso e), que aborda la asistencia prestada por el Ministerio del Interior para garantizar la implementación de medidas de protección. La modificación destaca la necesidad de que esta asistencia no solo sea oportuna, sino también se considere como prioritaria e inmediata. Además, se establece el requisito de que las comisarías cuenten con mapas gráficos y georreferenciales que muestren el registro actualizado de las víctimas que tienen medidas de protección.

Haciendo un análisis al texto antes mencionado, se puede destacar la importancia y la necesidad de las modificaciones y nuevas disposiciones introducidas en la normativa, específicamente en la Ley 30364, la cuales tiene el propósito de garantizar la protección de las mujeres y miembros del grupo familiar frente a situaciones de violencia. Del mismo modo se resalta que la responsabilidad no solo contribuye a fomentar la una ciudadanía responsable, sino que también implica una participación activa en la lucha contra la violencia dirigida a las mujeres. La urgencia de abordar un preocupante escenario de feminicidios, agresiones, humillaciones y abusos se destaca como un factor crucial que requiere acciones más inmediatas.

En consecuencia, a lo antes mencionado se podría recomendar fortalecer y difundir aún más la concientización sobre los derechos y responsabilidades establecidos por la Ley 30364. Esto podría lograrse mediante campañas educativas, divulgación efectiva de información y promoción de la denuncia de casos de violencia. Además, se podría abogar por una mayor asignación de recursos y apoyo para las instituciones encargadas de aplicar y hacer cumplir estas medidas, con el objetivo de asegurar una respuesta más eficaz y rápida ante situaciones de violencia de género.