La capacidad jurídica de los niños, niñas y adolescentes es un tema de vital importancia en el ámbito del derecho, ya que define cómo los menores pueden ejercer sus derechos y responsabilidades dentro del marco legal. En el Perú, esta capacidad ha evolucionado en los últimos años, especialmente en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por el país en 1990. Este artículo examina la capacidad jurídica de los menores en el Perú en el año 2025, analizando tanto el marco legal vigente como las proyecciones y desafíos futuros.
En el Perú, la capacidad jurídica de los niños, niñas y adolescentes está regulada principalmente por el Código Civil y la Ley N° 27337, Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Según el Código Civil, los menores de 18 años son considerados incapaces de ejercer plenamente sus derechos, aunque el marco normativo reconoce que, conforme a su edad y grado de madurez, los adolescentes (de 12 a 17 años) pueden ejercer ciertos derechos de manera progresiva.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los menores tienen derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que les conciernen, y esta disposición se ha integrado en la legislación peruana. La Ley de Protección de Derechos reconoce que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, lo que implica que pueden participar en la toma de decisiones que les afecten.
Una de las características más importantes de la capacidad jurídica de los menores en el Perú es el concepto de «capacidad progresiva». Este principio significa que la capacidad para ejercer derechos no es absoluta, sino que varía según la edad y madurez del individuo.
Por ejemplo, los adolescentes a partir de los 16 años pueden realizar actos jurídicos como abrir una cuenta bancaria o gestionar su propio patrimonio, aunque no tengan plena capacidad. Este enfoque busca reconocer y fomentar la autonomía de los jóvenes, dándoles un papel activo en la sociedad y apoyando su desarrollo integral.
El derecho a participar en el proceso de toma de decisiones es fundamental para el ejercicio de la capacidad jurídica de los adolescentes. En el Perú, se han adoptado diversas medidas para asegurar este derecho, como la creación de mecanismos de participación ciudadana, donde adolescentes pueden expresar sus opiniones y requerimientos en foros y asambleas.
Sin embargo, la implementación efectiva de estos mecanismos aún enfrenta desafíos. En muchas ocasiones, las opiniones de los menores no son tomadas en cuenta en asuntos que les afectan, lo que perpetúa una cultura de exclusión y subestimación de sus capacidades. La falta de sensibilización en la sociedad adulta sobre la importancia de escuchar las voces de los niños y adolescentes sigue siendo un obstáculo.
Desafíos y Críticas al Sistema Actual
A pesar de los avances legislativos, la realidad en el Perú muestra que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no siempre son respetados. Existen diversas problemáticas que limitan su capacidad jurídica efectiva:
1. Falta de Educación y Sensibilización: Muchos adultos, incluidos maestros y padres, aún carecen de un entendimiento adecuado de los derechos de los menores. Esto limita la posibilidad de que los niños y adolescentes sean reconocidos como sujetos activos de derecho.
2. Desigualdad Social: Las disparidades socioeconómicas influyen en el acceso a la justicia y al ejercicio de derechos. Los niños de entornos vulnerables a menudo enfrentan barreras adicionales para hacer valer sus derechos.
3. Violencia y Abuso: La violencia familiar y escolar sigue siendo una realidad dolorosa para muchos niños y adolescentes, lo que impacta directamente en su capacidad para ejercer sus derechos y participar plenamente en la sociedad.
4. Sistema Judicial Inadecuado: La falta de jueces y fiscales especializados en infancia puede obstaculizar el acceso a la justicia para los menores, así como la ineficacia en los procedimientos judiciales que involucran a niños, niñas y adolescentes.
De cara al 2025, es fundamental promover un enfoque integral para fortalecer la capacidad jurídica de los niños, niñas y adolescentes en el Perú. Algunas proyecciones incluyen:
– Fortalecimiento de la Educación en Derechos Humanos: Invertir en programas educativos que sensibilicen a los adultos sobre los derechos de los menores y la importancia de su participación activa en la sociedad.
– Creación de Espacios de Participación: Fomentar la participación de adolescentes en decisiones a nivel local y nacional, asegurando que sus voces sean escuchadas en políticas públicas.
– Reformas Legislativas: Evaluar y ajustar el marco legal para asegurar que la capacidad jurídica de los menores sea efectivamente reconocida y protegida en todos los ámbitos, promoviendo derechos de participación y garantizando su autonomía.
– Un Sistema Judicial Inclusivo: Incrementar el número de profesionales capacitados para atender casos de niños y adolescentes, garantizando que sus derechos sean protegidos y que tengan acceso a una justicia efectiva y especializada.
Conclusión
La capacidad jurídica de los niños, niñas y adolescentes en el Perú ha avanzado significativamente, pero aún quedan desafíos por enfrentar. Para el 2025, es crucial adoptar un enfoque que no solo reconozca los derechos de los menores, sino que también promueva su participación en la sociedad. Esto requiere un esfuerzo conjunto desde el Estado, la sociedad civil y la comunidad en general para crear un entorno en el que los niños y adolescentes puedan ejercer plenamente sus derechos y desarrollarse en un ambiente seguro, justo y equitativo. La inversión en educación, sensibilización, y reformas jurídicas será clave en este proceso, marcando el camino hacia un futuro más inclusivo y participativo para las nuevas generaciones.
