Por qué cuantificar el daño extrapatrimonial en los delitos cometidos por los servidores o funcionarios públicos

En los delitos cometidos por servidores o funcionarios públicos debemos tener en cuenta que no solo se afecta el patrimonio del Estado sino también otros bienes jurídicos de relevancia constitucional o legal de mayor importancia que trascienden lo material o económico. Se trata de delitos idóneos para causar no solo un daño patrimonial sino también extrapatrimonial (reputación, prestigio, imagen institucional, credibilidad, entre otros). Para determinar el quantum resarcitorio por daño extrapatrimonial no se requiere de una fórmula exacta o matemática sino de una medición con base en los principios de equidad y proporcionalidad, consagrado en el artículo 1332 del CC, conforme con el cual: “Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa”; en cuanto al principio de proporcionalidad, permiten al juez realizar una valoración equitativa o prudencial del daño. De igual modo, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 1984 del CC, el cual establece que el juez, en caso de daño moral, determina el monto indemnizatorio considerando su magnitud y el menoscabo producido en la víctima.

A tal efecto, deben considerarse criterios objetivos y subjetivos como:

  • La gravedad del hecho ilícito.
  • Las circunstancias de la comisión de la conducta antijurídica.
  • El aprovechamiento obtenido por los sujetos responsables.
  • El nivel de difusión pública del hecho ilícito.
  • La afectación o impacto social del hecho ilícito.
  • La naturaleza y el rol funcional de la entidad pública perjudicada.
  • El alcance competencial de la entidad pública perjudicada.
  • El cargo o posición de los funcionarios públicos.

Los actos de corrupción afectan la imagen institucional de los organismos públicos pues menoscaban la credibilidad de los ciudadanos respecto a los funcionarios públicos y desencadenan una pérdida de confianza en el correcto funcionamiento de la Administración Pública, ya que se logra proyectar sobre la sociedad un juicio negativo y una falsa apreciación sobre el modo en que el Estado desarrolla sus funciones. Como correlato, se produce la pérdida de respeto a la autoridad pública, y se corre el riesgo de que los funcionarios se desincentiven y no ajusten su conducta conforme a ley.

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