En los últimos años, el sistema judicial peruano ha estado en el ojo del huracán, y una de las prácticas más controversiales que ha generado un intenso debate es el uso excesivo de la prisión preventiva. Esta medida, concebida inicialmente como una herramienta para garantizar la presencia del imputado durante el proceso penal, se ha transformado en un mecanismo de castigo anticipado, afectando gravemente los derechos humanos y la presunción de inocencia.
La prisión preventiva debería ser la excepción y no la regla. Sin embargo, en el Perú, se ha observado un aumento alarmante en su aplicación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 40% de la población penitenciaria está compuesta por personas que se encuentran en prisión preventiva. Esta cifra es desproporcionada y revela un uso desmedido de una medida que debería estar reservada para casos excepcionales, donde exista un riesgo real de fuga o de obstrucción a la justicia.
Una de las principales razones detrás de este fenómeno es la presión social y mediática que enfrentan los magistrados y fiscales. En un contexto de creciente inseguridad ciudadana, la opinión pública tiende a exigir respuestas rápidas y contundentes, lo que lleva a las autoridades a optar por soluciones inmediatas, como la prisión preventiva. Este enfoque no solo ignora el principio de presunción de inocencia, sino que también perpetúa un ciclo de injusticia que afecta, en su mayoría, a los más vulnerables.
Es fundamental reconocer que la prisión preventiva no es solo una medida que afecta la libertad de una persona; también tiene profundas repercusiones en su vida familiar, social y laboral. Muchas veces, quienes son encarcelados preventivamente son personas que, al final del proceso, resultan inocentes. La estigmatización social y el impacto psicológico de estar privado de libertad durante largos períodos pueden ser devastadores, incluso más que la condena misma.
Adicionalmente, el sistema penitenciario peruano enfrenta graves deficiencias. Las cárceles están sobrepobladas y carecen de condiciones adecuadas de higiene y salud. En este contexto, el encierro de personas que aún no han sido condenadas se convierte en una verdadera violación de derechos humanos. La falta de recursos y la corrupción dentro del sistema también contribuyen a que la prisión preventiva se aplique de manera arbitraria y desproporcionada.
Frente a este panorama, es crucial promover reformas que limiten el uso de la prisión preventiva y que establezcan criterios más claros y estrictos para su aplicación. La implementación de medidas alternativas, como el arresto domiciliario o la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades, podría ser una solución viable para descomprimir las cárceles y garantizar que la justicia no se convierta en una herramienta de opresión.
La prisión preventiva se ha vuelto la regla en el proceso penal, donde a pedido de fiscalía los jueces suelen dictar la medida de internamiento preventivo a los procesados con el fundamento de que existirían graves y fundados elementos de convicción y además de ello existiría peligro de fuga y/o obstaculización a la justicia. Dentro de los litigios penales, lo que los abogados litigantes defensores de los imputados buscan es, acreditar la existencia de los famosos “ARRAIGOS” el arraigo laboral, arraigo domiciliario y arraigo familiar, los cuales de ser acreditados en la audiencia de prisión preventiva traerían como consecuencia la INFUNDABILIDAD de la prisión preventiva, lo que conllevaría a que el imputado asuma el proceso en LIBERTAD.
Los jueces, que son defensores de los derechos fundamentales de los procesados, deben tomar en cuenta la existencia de otras medidas menos gravosas que también pueden salvaguardar la correcta investigación y persecución del delito por parte del ministerio público, respetando el derecho fundamental a la presunción de inocencia como derecho con rango constitucional.
