La inteligencia artificial en la administración de justicia en el Perú

Hace pocos días se llevó a cabo en Lima el II Congreso Internacional de Inteligencia Artificial en el Sistema de Justicia: Acciones y resultados”. Voces autorizadas expusieron sus opiniones sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el Derecho y, en especial, en la administración de justicia. Sin duda, el tema es complejo y suscita todo tipo de pareceres. Mientras algunos ven a la inteligencia artificial como una herramienta importante para el desarrollo del sistema de justicia; otros más bien recomiendan cautela en su uso. Esto es natural cuando en la evolución y desarrollo de la sociedad aparecen fenómenos disruptivos que instalan nuevos paradigmas.

El término inteligencia artificial no es nuevo, lo acuñó John McCarthy en 1956, quien impulsó en los años 60 el primer lenguaje de programación de la inteligencia artificial. Sin embargo, en la actualidad su irrupción masiva es incontenible, porque ya existen las condiciones materiales y tecnológicas para su utilización eficaz en los más diversos rubros o actividades de los ámbitos privado y público. La inteligencia artificial ya forma parte del crecimiento económico, las comunicaciones, el transporte, la atención médica, la educación y también de las más diversas actividades jurídicas, entre ellas la impartición de justicia. Al ritmo vertiginoso de los cambios tecnológicos, no pasará mucho tiempo para palpar su empleo cotidiano en las más diversas tareas del sistema de justicia, tal como ya está sucediendo en otros países del continente y del mundo entero (Corea, Brasil, Argentina, Uruguay y otros). Si esto tardara un poco en ocurrir en nuestro país, de seguro será por razones presupuestarias o por el atávico atraso cultural e institucional que históricamente ha marcado el devenir de la administración de justicia. Ahora bien, los reparos formulados sobre sus implicancias éticas y su potencial amenaza a los derechos fundamentales, deben ser atendidos con seriedad por la legislación, los entes públicos y las corporaciones privadas. No obstante, es evidente que tales objeciones no impedirán ni retrasarán el influjo de la inteligencia artificial como técnica al servicio en la administración de justicia, tal como ocurrió hace pocos lustros con la informática y luego con la telemática. El expediente judicial electrónico y las audiencias virtuales son ejemplos emblemáticos. En el Poder Judicial, la próxima implementación de los novísimos EJE Penal y EJE No Penal proporcionará el soporte tecnológico necesario para asociar soluciones de la inteligencia artificial a diversas actividades jurisdiccionales, desde las más simples y repetitivas hasta las más sensibles y complejas. Sin embargo, ya existen estamentos judiciales que aplican la inteligencia artificial en actividades jurisdiccionales. Ejemplo plausible de ello es el proyecto Amauta Pro de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que es la primera solución tecnológica del Poder Judicial, capaz de tomar información interoperada con otros entes del sistema de justicia, y elaborar resoluciones judiciales en solo 40 segundos, en contraste con las tres horas que tomaría la elaboración humana del mismo documento. De seguro, en poco tiempo presenciaremos la diversificación y optimización de proyectos tecnológicos que introducirán inteligencia artificial en las más variadas actividades jurisdiccionales y administrativas del servicio de justicia, como la calificación de determinados actos procesales (demandas, recursos impugnatorios), la sistematización de jurisprudencia y las notificaciones automáticas de resoluciones judiciales, entre otros. Cuando esto ocurra, habremos acortado la brecha harto asimétrica entre el flujo de la información que cotidianamente ingresa al servicio de justicia y la capacidad del Poder Judicial de atenderlo con efectividad. La demora y la sobrecarga procesal, males crónicos del servicio de justicia, tendrán una nueva oportunidad de resolverse en beneficio del usuario. Esto permitirá que la organización judicial concentre sus esfuerzos en las actividades más relevantes y complejas, que son sin duda la comprobación de los hechos y la aplicación justa del Derecho. Se abrirá así una nueva oportunidad para la legitimación institucional del Poder Judicial como garante de la democracia y componente esencial del Estado constitucional. La tarea inmediata es colocar la inteligencia artificial en el centro del debate y la toma de decisiones, para generar su paulatina internalización. Además, es necesario familiarizar a jueces y trabajadores judiciales con su uso mediante capacitaciones y reentrenamientos, como ocurrió cuando fue inevitable sustituir la máquina de escribir por las computadoras. En este cometido, los jueces debemos asumir liderazgos, pues el uso adecuado de esta herramienta informática, con estándares éticos y respetuosos de los derechos fundamentales, tendrá incidencia positiva en un sistema de justicia que, como bien es conocido, tiene recursos escasos. De allí que es totalmente plausible la iniciativa que ha concluido con la exitosa realización, por segundo año consecutivo, del Congreso de Inteligencia Artificial organizado por el Poder Judicial. Ha quedado bien marcada la expectativa por una tercera edición el año próximo, con el fin de evaluar los avances y resultados de la implementación de la inteligencia artificial en la administración de justicia.

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