El ex presidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, pero indultado, ha solicitado una pensión de S/. 15,600.00 soles mensuales, equivalente al sueldo de un congresista, por haber sido presidente del Perú. Este pedido es cuestionable. Sin embargo, el Congreso ya le ha otorgado el sueldo para un asistente personal y vales de combustible para su transporte privado. Este artículo examina la legalidad y las implicaciones de esta pensión en el contexto de su condena y las normativas vigentes en Perú.

La ley peruana establece que los ex presidentes tienen derecho a una pensión vitalicia, destinada a asegurar su bienestar tras el ejercicio del cargo. Según la Ley N° 26504, que regula este derecho, los expresidentes reciben una pensión del Estado como reconocimiento por sus servicios al país.

Recordemos que el ex presidente Alberto Fujimori fue condenado en 2007 por violaciones graves de derechos humanos, incluyendo asesinatos y secuestros cometidos durante su mandato. Estos crímenes de lesa humanidad han generado cuestionamientos sobre la compatibilidad de recibir una pensión vitalicia con su historial judicial. Pero, es de precisar que no es la primera ocasión en que el Congreso de Perú, con una impopularidad del 94 % según una encuesta nacional realizada en julio por el Instituto de Estudios Peruanos, se ve envuelto en una polémica. El actual Parlamento, que está dominado por un grupo reducido de fuerzas conservadoras y populistas, entre ellas el partido fujimorista, ha promovido leyes que impactan la lucha contra el crimen organizado, la calidad de la educación, el equilibrio de poderes del Estado y ha efectuado 65 modificaciones a la Constitución desde que comenzó sus funciones en 2021.

La controversia central radica en el conflicto entre el derecho legal a recibir una pensión y la moralidad pública dada su condena por crímenes graves. Aunque la Ley N° 26504 no prevé la pérdida de la pensión vitalicia por condenas penales, el contexto ético y el principio de justicia deben ser considerados. Para abordar esta controversia, se ha propuesto la reforma de la legislación que otorga pensiones vitalicias a expresidentes condenados por crímenes de lesa humanidad. La modificación de la ley podría incluir cláusulas específicas que excluyan a aquellos con condenas por violaciones graves de derechos humanos, alineando la ley con los principios de justicia y responsabilidad.

Por su parte, las decisiones judiciales y la opinión pública juegan un papel crucial en la determinación de la viabilidad de mantener esta pensión. Los tribunales pueden interpretar la ley en el contexto de nuevas circunstancias y presiones sociales, influyendo en posibles reformas o revisiones legislativas. El mantenimiento de la pensión vitalicia de Fujimori ha generado una percepción de impunidad y ha afectado la confianza en el sistema judicial. La disyuntiva entre los derechos legales y las expectativas sociales de justicia plantea un desafío para las instituciones peruanas.

El debate sobre la pensión también ha movilizado a diversos grupos y movimientos sociales que exigen la suspensión de este beneficio. Este debate refleja la necesidad de reevaluar las políticas públicas relacionadas con la justicia y la reparación. La pensión vitalicia que recibe Alberto Fujimori, a pesar de su condena por crímenes de lesa humanidad, genera una disyuntiva entre las disposiciones legales actuales y los principios éticos. Aunque la ley peruana no contempla la revocación de este beneficio por condenas penales, la situación plantea dudas sobre la equidad y la justicia en la aplicación de la normativa.

Asimismo, este caso ha impulsado debates sobre la necesidad de reformas legales para incluir cláusulas que excluyan a expresidentes condenados por violaciones graves de derechos humanos. La falta de previsión en la legislación actual ha sido identificada como una brecha que debe ser cerrada para prevenir situaciones similares en el futuro. La continuidad de la pensión vitalicia para un ex presidente condenado por crímenes graves contribuye a la percepción de impunidad y debilita la confianza en el sistema judicial y en las instituciones del Estado. La situación crea una imagen de que el poder y la influencia pueden eximir a los individuos de las consecuencias de sus acciones.

La situación de la pensión vitalicia de Alberto Fujimori plantea importantes cuestiones jurídicas y sociales. Aunque la legislación actual le concede este derecho, la condena por crímenes de lesa humanidad desafía la coherencia entre el derecho y la moralidad pública. La reforma legislativa y la revisión judicial podrían ser pasos necesarios para garantizar que el sistema de pensiones refleje adecuadamente los principios de justicia y responsabilidad en casos de graves violaciones de derechos humanos.